La reciente promulgación de la Ley No. 30-26 introduce importantes cambios al sistema tributario dominicano, con el objetivo de fortalecer la recaudación fiscal, simplificar ciertos procedimientos y promover una mayor eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Entre las principales modificaciones se encuentran el incremento temporal de la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) para grandes contribuyentes, nuevas reglas sobre la tributación de las ganancias de capital derivadas de la venta de inmuebles, la reducción de la retención aplicable a determinados pagos por servicios tecnológicos prestados desde el exterior y cambios en el régimen de anticipos para determinados contribuyentes.
La ley también incorpora un programa de regularización o amnistía fiscal que permite a personas y empresas ponerse al día con sus obligaciones tributarias bajo condiciones más favorables, representando una oportunidad para reducir contingencias fiscales y fortalecer el cumplimiento.
Para el sector empresarial, estas modificaciones hacen necesario revisar la planificación tributaria, las estructuras corporativas, las operaciones internacionales y las inversiones inmobiliarias, con el fin de evaluar su impacto financiero y garantizar el cumplimiento de la nueva normativa.
En el caso del sector inmobiliario y turístico, será especialmente importante analizar la interacción de estas disposiciones con los incentivos fiscales previstos en otras leyes, como el régimen de fomento al turismo, a fin de determinar el tratamiento aplicable a cada proyecto.
La Ley 30-26 representa un cambio significativo en el marco tributario dominicano y exige que empresas e inversionistas adapten oportunamente sus estrategias fiscales. Una adecuada planificación permitirá minimizar riesgos, aprovechar los beneficios previstos por la legislación y mantener la seguridad jurídica de las operaciones.
En Rivera Group, contamos con un equipo multidisciplinario de abogados, contadores y asesores tributarios preparado para acompañar a nuestros clientes en la evaluación del impacto de esta reforma y en la implementación de soluciones fiscales eficientes, seguras y alineadas con la legislación vigente.